Del resarcimiento del daño moral (o no)

El daño moral y su correspondiente responsabilidad se encuentra regulado en la Ley Orgánica de 14 de mayo de 1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (ahí es nada). Para que nos hagamos una idea, la serie de televisión “Cuéntame”, ya le lleva años de ventaja.

Asimismo, el derecho al honor se encuentra recogido en el art. 18 de nuestra Constitución, con rango de “fundamental” y desarrollado posteriormente por la citada Ley Orgánica.

Por tanto: tenemos una Carta Magna que nos reconoce este derecho, una L.O. que lo desarrolla, unas fuentes del Derecho que nos amparan y todo lo necesario, pero… ¿cómo se cuantifica el “honor”? ¿a cuánto está el insulto hoy en día en España? ¿tenemos todos el mismo honor y son iguales las afrentas para unos y otros?

 

Según nuestra L.O. (art. 9.3), “La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima”. De hecho, nuestra jurisprudencia (entre otras muchas, las SSTS de 05 de junio de 2014, rec. nº 3303/2012, 22 de septiembre de 2015, rec. nº 32/2014 y 19 de octubre de 2015, rec. nº 669/2013) entiende que el perjuicio indemnizable se trata de una cuestión iuris et de iure, por lo que no admite prueba en contrario.

Y ya está.

 

Resulta (cuanto menos) curiosa esta interpretación jurisprudencial, teniendo en cuenta que nuestro Ordenamiento Jurídico no hace distinciones en lo que al derecho de daños se refiere, lo cual significa que la función de la indemnización tiene como único y último fin la reparación de las consecuencias dañosas del comportamiento del responsable. Así, “[l]a idea de que toda intromisión ilegítima supone un daño y que este se presuma, no parece que pueda ser fácilmente sostenida”[1]. El daño moral, en definitiva, no es una excepción al régimen de la responsabilidad civil, a pesar de las dificultades para valorarlo [2]. Es más, si bien nuestro O.J. contempla la posibilidad de una responsabilidad objetiva ante la comisión de un daño en determinados casos, no es menos cierto que como mínimo, habría que probar el daño aun cuando este se manifieste en un sentimiento de angustia, zozobra, malestar… No sé. Algo.

“¿Pero el 1.902 Cc…?

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La lógica nos dice que tal presunción no debe confundirse con la automaticidad del devengo de las cantidades, ya que para el caso de no haber daño alguno que reparar, no debe acogerse medida resarcitoria alguna[3]. De hecho, para valorar la existencia de ese daño y en observancia del citado art. 9.3, habrá que atender “a las circunstancias del caso”. Esas circunstancias a las que se refiere el citado artículo hacen referencia a la realidad en que se llevó a cabo la intromisión en el honor, es decir: el contexto en que se emitieron tales opiniones (de hecho, el artículo 2.1 de la misma ley alude a los usos sociales como “delimitadores de la protección civil del honor”).

A título ilustrativo, en la STS 28 de septiembre de 2012, rec. nº 205/2010 -con cita en la de 04 de diciembre de 2015, rec. nº 2337/2013-, no consideró indemnizable la utilización de términos que podrían considerarse objetivamente ofensivos (tales como “ramplón”, “pedestre”, “miserable”, “tiparraco”, “mendaz”, “terminal”, “anclado en la senilidad”),

al considerarlos en “un contexto de discusión o contienda, a tenor del ámbito social o político en que se produce y los usos relacionados con él, cuando la discusión alcanza recíprocamente un nivel alto de tensión puede justificar la utilización de expresiones de similar dureza a las utilizadas por el adversario como vía adecuada para el ejercicio del derecho a réplica”.

Total, que el Tribunal entiende que en un momento dado se nos “caliente la boca” y claro, luego todo son malentendidos. Esta línea siguió la STS de 24 de marzo de 2014 rec. nº 1751/2011, “[n]o cabe aislar o desvincular tales manifestaciones del contexto de discusión y polémica política existente entre las partes acerca del tema que fue objeto de la entrevista (…)”. Algo es algo.

Es por ello que podemos afirmar que el contexto de controversia no sólo debe considerarse respecto a la “ponderación” entre los derechos constitucionales al honor y a la libertad de expresión, sino que define del mismo modo las circunstancias del caso que han de tenerse en cuenta para fijar la cuantía de la indemnización a las que se refiere el art. 9.3 de la LO 1/1982. Esta concepción se encuentra alineada al mismo tiempo con los criterios del prudente arbitrio que deben regir las decisiones judiciales ya que, en palabras de D. Luis Díez-Picazo,

“(…) el derecho no debe intervenir cuando el daño sea mínimo porque de minimus praetor non curar, o porque no existe gravedad de la consecuencia dañosa o porque, como también hemos dicho, toda la vida de relación comporta en ojos, disgustos, contrariedades en los que el Derecho no debe intervenir y, finalmente, por la dificultad de la prueba de su existencia y de su valoración con el consiguiente riesgo de que a partir de puras ficciones aumente el número de pleitos y de las cuantías que se puedan demandar”.

Grande, maestro.

 

[1] Vid. Díez-Picazo, L. (2008): “El escándalo del Daño moral”, ed. Civitas, una joya de la doctrina que nadie debería perderse.

[2] Gómez Ligüerre, C. (2015): El concepto del daño moral, en Dir. Gómez Pomar, F. y Marín García, I., “El daño moral y su cuantificación, p. 31, y la autorizada doctrina que allí se cita.

[3] A este respecto, vid. la STC 202/199, de 8 de noviembre de 1999.

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