Aliud pro alio vs vicios ocultos

 

Traducido del latín, “una cosa por otra”, nuestro Código Civil no define ni hace referencia alguna a este concepto, sino que se trata de una doctrina que ha evolucionado jurisprudencialmente. No es este el momento ni el lugar para darnos aquí una paliza a golpe de sentencia, pero si entendemos el origen del aliud pro alio, resultará extremadamente sencillo comprender su contenido, por lo que…

¿De dónde surge la doctrina del aliud pro alio?

 Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes:

Para explicar la doctrina aliud pro alio, tomaremos como punto de partida un contrato de compraventa en el cual el vendedor entrega una cosa que, finalmente, resulta no tener las características pactadas en el contrato, es decir: el cumplimiento no se ha llevado a cabo de forma idéntica a la pactada. En ese momento, nuestro flamante art. 1166 Cc. sale a relucir en todo su esplendor y, apoyado por el 1167, exige a las partes la identidad entre lo pactado y lo realizado (y que abarca, además, no sólo los aspectos principales y accesorios de la prestación, sino también el modo y lugar de realización, como señala Bercovitz[1]), sin excepciones y apenas matices. Identidad significa identidad y todo lo demás, casquería.

 

“Pero hay incumplimientos e incumplimientos”, podríamos pensar. Precisamente. Aunque algunos autores[2] exigen la identidad total respecto a la prestación, lo cierto es que acudir a la resolución del contrato por vía del art. 1124 Cc. podría parecer desproporcionado y no iría en consonancia con el principio favor negotii que inspira nuestro Ordenamiento. La solución pasa necesariamente por admitir un cierto “margen” en el cual el contrato no se entiende perfectamente cumplido, pero tampoco se nos permite resolverlo, o lo que es lo mismo: se trataba de un vicio oculto que abre la puerta al ejercicio de las acciones edilicias y en virtud de las cuales, el contrato no se entiende resuelto, con el inconveniente del ridículo plazo de 6 meses de ejercicio que concede nuestra legislación.

 

Hace años, nuestro Tribunal Supremo entendía que el comprador podía optar entre una u otra opción e incluso acumular su ejercicio en el mismo proceso, ya que el breve plazo de las acciones edilicias las hacía inadecuadas para una adecuada protección del comprador y contrarias al principio pro actione de nuestro Ordenamiento, máxime cuando no existe previsión legal expresa en sentido contrario[3] y en aras de un postulado de justicia material[4]. Sin embargo, tal y como señala Ordás Alonso, a partir de las sentencias de 23 de marzo de 1982 (RJ 1982, 1500) y 10 de junio de 1983 (RJ 1983, 3454) venga mayoritariamente afirmando el carácter incompatible de estas acciones. De hecho, el Tribunal Supremo ya estableció que “La normativa reguladora de las acciones redhibitoria y estimatoria o quanti minoris no es la aplicable cuando se trata, no de reparar vicios ocultos de la cosa vendida, sino del defectuoso cumplimiento de obligaciones contractualmente asumidas”.

Y de repente, la felicidad empezó a tener un plazo de caducidad de 6 meses

 

Así que toca elegir. Y elegir bien, por el bien de nuestro cliente y el propio.

En definitiva, existen dos vías distintas, con presupuestos distintos y consecuencias muy distintas:

1- Acción de resolución (y consecuente de indemnización)

– Arts. 1124 y 1101 Cc.

– Plazo general de prescripción de 5 años (Art. 1964 Cc)

– Consecuencia restitutoria. Devolución de la cosa y del precio, respectivamente

2- Acciones edilicias

– Art. 1484 Cc.

– Plazo de caducidad de seis meses (Art. 1490 Cc.)

– Consecuencias en función de la acción edilicia que hayamos ejercitado. En el caso de acción redhibitoria, el comprador podrá desistir del contrato. Si, por el contrario, ejercitamos la acción quanti minoris, se reducirá el precio hasta alcanzar el del bien entregado.

 

La cruda realidad es que al comprador no le hará ninguna gracia quedarse con un bien de menor valor o que ha tenido que ser reparado por causas ajenas a él. Por lo general, tras maldecir al vendedor, los clientes buscarán resolver el contrato, que se les devuelva su dinero y comprarse otro nuevo y reluciente (“que para eso lo han pagado”).

Todos podemos imaginar, por el contrario, ante qué realidad defenderemos que nos encontramos si somos parte vendedora. “Yo esto, si quiere, caballero, se lo mando al servicio técnico y en una semana lo tiene usted como nuevo”.

¿Cuándo se entiende de aplicación uno u otro, entonces?

 

Como medida protectora de nuestro mercado, la seguridad de las transacciones jurídicas y mercantiles y el principio favor negotii, sólo podremos resolver el contrato por la vía del art. 1124 cuando nos encontremos ante un aliud pro alio, o lo que es lo mismo, al entender que existe un incumplimiento pleno por inhabilidad del objeto e insatisfacción total del contratante. Para que sea de aplicación el aliud pro alio, los defectos e inhabilidad del objeto de la compraventa ha de ser de tal entidad que equivalgan a la falta de entrega de la cosa. Vamos, que casi mejor si nos hubiéramos estado quietos.


Y como resumen de todo lo anterior, lo que todos veníamos buscando, los…

5 requisitos del aliud pro alio

  • Existencia de un vínculo contractual previo que sea recíproco y exigible
  • Observancia de las obligaciones de una de las partes
  • Incumplimiento grave por la contraparte debido a culpa o negligencia
  • Tal incumplimiento supone la inhabilidad del objeto para el fin que fue adquirido
  • Consecuentemente, esto supone una insatisfacción total en el vendedor, al ser el objeto impropio para el fin a que se destina.

 

Para ilustrar la consecuencia práctica de la existencia de un aliud pro alio, basta hacer referencia a la STS de 02 de junio de 2015[5], según la cual,

es un caso claro de incumplimiento esencial que da lugar a la resolución, en aplicación del artículo 1124 del Código civil . Lo cual implica dos extremos, tal como expone la sentencia de 22 junio 2010 : resolución, en sí misma, como ineficacia sobrevenida con efecto retroactivo, ex tunc e indemnización de daños y perjuicios (párrafo 2o del citado artículo 1124 y sentencia de 12 mayo 2005 ), los cuales deben probarse, pero sin obviar que la ineficacia producida por el incumplimiento de la otra parte contractual, por regla general produce un daño per se, como frustración en la economía de la que ha sufrido el incumplimiento y, por ende, la ineficacia del contrato. (el énfasis es nuestro)

 

Espero poder dedicar un post venidero a profundizar en la materia. Hasta entonces, todo comentario será bien recibido.

 


[1] Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: “Comentario de los arts. 1156 y ss del Código Civil”, en Comentarios al Código Civil, 2ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2006, pág. 1408.

[2] A este respecto, vid. Hernández Gil, A.: Derecho de obligaciones, Espasa Calpe, Madrid, 1988, pág. 248.

[3] A título ilustrativo, vid. La STS de 03 de febrero de 1986, en la que se cita la numerosa jurisprudencia anterior a la fecha. También es de reseñar las mucho más recientes sentencias de la AP de Cantabria (Sección 4) de 18 de enero de 2007 (JUR 2007, 250871) y la AP de Valencia (Sección 7) de 12 de marzo de 2008 (JUR 2008, 152387), argumentando en sentido favorable a esta posibilidad.

[4] Vid. Ordás Alonso, M.: Aliud pro Alio, Saneamiento por Vicios Ocultos y Compraventa de Productos de Consumo, Aranzadi, Pamplona, 2009, pág. 75.

[5] Roj: STS 2345/2015

 

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6 comentarios en “Aliud pro alio vs vicios ocultos

  • Enhorabuena por el artículo. Mi caso es curioso con respecto a esta materia. Tengo una empresa distribuidora de alimentos, y un proveedor me ha servido una partida de botellas de agua, de las cuales la mitad venían mal selladas y vertían el líquido al voltearlas. Le he pagado al proveedor la mitad de la partida, diciéndole que el restante no se lo iba a abonar. Me interpuso un monitorio y yo me opuse como buenamente pude alegando vicios ocultos. Ahora vamos a juicio y he contratado un abogado, el cual me comenta que debido a que en monitorio alegamos vicios ocultos ahora en juicio se tiene que agarrar a eso, sin poder defenderse a través de esta figura del aliud pro alio, la cual él ve más apropiada.
    ¿Estáis de acuerdo en que no se puede alegar ahora esta figura? ¿Si se pudiera alegar, créeis que es más apropiada?

    Lo dicho, enhorabuena por el artículo porque los que no somos dichos en la materia lo pudimos entender bastante bien.

    Saludos.

  • Buenas tardes,

    Felicitarle por el artículo, no puede ser más esclarecedor. Dicen que una persona entiende algo, cuando es capaz de explicárselo a su abuela, que no tiene absolutamente ni idea sobre el tema. En este caso, usted ha escrito el artículo precisamente de esta forma, mi más sincera enhorabuena.

    Respecto a mi comentario, tengo una duda que considero esencial en este caso, y agradecería que me pudiese resolver o al menos dar su opinión.

    1.- Vendedor y comprador acuerdan entregar-recibir A.

    2.- Vendedor entrega B, incumpliendo el contrato, y el comprador tras tratar de negociar con el vendedor para que repare la cosa y le entregue lo inicialmente acordado (A), se niega, así que, el comprador procede a reparar la cosa, transformándola finamente en A. Todo, obviamente asumiendo los gastos de la reparación.

    3.- Ha transcurrido el plazo de 6 meses desde la entrega de la cosa, el comprador quiere dirigirse contra el vendedor para solicitarle los daños y perjuicios de la reparación de la cosa. Obviamente, no le interesa que se resuelva el contrato, porque precisamente ya ha reparado la cosa y la pueda utilizar. Lo que si le interesa, es solicitar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios, por los gastos que ha tenido que asumir al efectuar la reparación.

    ¿Se podría acudir a la doctrina Aliud pro Alio? O inevitablemente ello conllevaría la resolución contractual?

    Yo tenía mi más que serias dudas, y por ejemplo, tras la lectura de esta sentencia, parece que una cuestión no tiene porque llevar a la otra. SENTENCIA Nº 17/2013 DE AP PONTEVEDRA, SECCIÓN 1ª, 11 DE ENERO DE 2013

    Agradezco enormemente su opinión respecto al tema.

    Un cordial saludo,

    • Estimado Luis:

      En primer lugar, agradecerte tu comentarios respecto al artículo. Espero que los venideros sigan estando a la altura.

      Respecto a la cuestión planteada, déjame adelantarte que este no es un blog dirigido a resolver consultas jurídicas, por lo que lo que te transmito es mi opinión personal y (casi) intransferible.

      Por el relato de los hechos, acudir a la doctrina Aliud pro Alio me temo que conllevaría, como bien apuntas, la resolución contractual.

      A pesar de ello, quedan abiertas otras muchas vías posibles. No debemos olvidar que el artículo 117 del RDL 1/2007, en su apartado segundo, reconoce el derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios derivados de la falta de conformidad por la vía civil y mercantil (en caso de querer optar por esta en lugar de la ley de consumidores y usuarios). Esta posibilidad ya te plantea un abanico de acciones más que considerable.
      Pero es que, según me indicas, la posibilidad de recurrir al RDL 1/2007 seguiría siendo viable (y más beneficiosa, debo añadir), por cuanto los seis meses que comentas, si te refieres a los del art. 120 del referido Texto, no hay de qué preocuparse, pues estos hacen referencia a averías posteriores a una reparación inicial por el vendedor. Por otro lado, si son los del art. 123, sólo sirven a efectos de establecer una presunción iris tantum, aunque la acción sigue siendo viable, siempre que pueda probarse cuanto mencionas.
      Esto no desvirtúa el primer inciso del mismo art. 123: “El vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega”.

      Como te decía, esto es sólo es una idea impromptu, pero si ha podido aportar sólo un granito a resolver tu duda, me doy por satisfecho.

      Un cordial saludo.

      • Muchas gracias por su opinión.

        Su comentario parte de que el comprador es consumidor, en el ejemplo que ponía, sería una compraventa mercantil entre dos empresas. Fallo totalmente mío al no indicarlo.

        Al plazo de 6 meses que hacía referencia, lo ponía en relación con el artículo 1490 del Código Civil, o incluso con el plazo de 1 mes del artículo 342 del Código de Comercio.

        De todas formas, como usted bien dice, no es un blog dirigido a resolver cuestiones jurídicas, así que no le sacaré más tiempo. Eso sí, estaré muy atento a las entradas posteriores que vaya publicando, debido a que el tema es muy interesante.

        Por último, déjeme citarle una sentencia del Supremo (le dejo el link al final del post), que indica expresamente, que si se aplica la doctrina “Aliud Pro Alio”, no necesariamente se debe solicitar o llevar aparejada la resolución contractual, y por lo tanto, puede perfectamente solicitarse solamente la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.

        Igual le sirve de ayuda en el próximo post que escriba sobre esto.

        http://www.codigo-civil.net/nulidad/lodel/document.php?id=153

        Un cordial saludo.

  • Totalmente de acuerdo con los compañeros, excelente artículo.
    Lo bueno, si breve, claro y conciso, ¡3 veces bueno!

    Sólo alertarte de una pequeña errata cuando enumeras los requisitos para la aplicación de dicha doctrina jurisprudencial, concretamente el último, que dice:

    “Consecuentemente, esto supone una insatisfacción total en el VENDEDOR, al ser el objeto impropio para el fin a que se destina.”

    Creo que al que realmente le molesta el asunto es al comprador :P.

    Un saludo.

    P.D.: Iba a hacerte una consulta, pero ya he leído que no es un blog de dudas jurídicas, así que trataré de resolverla por mi cuenta.

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